El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) concluyó que la propuesta de reforma a la Ley del Sector Eléctrico no establece una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), aunque sí impulsa una profunda reconfiguración de la gobernanza del sistema mediante la separación de funciones, la creación de sociedades mercantiles estatales y una mayor participación privada en determinadas actividades estratégicas.
El análisis técnico-político titulado ¿Hacia dónde va el proyecto de reforma de la ley del sector eléctrico en Honduras? señala que la iniciativa surge como respuesta a los graves problemas estructurales que enfrenta la ENEE, entre ellos las elevadas pérdidas técnicas y no técnicas, el creciente endeudamiento, la dependencia de transferencias fiscales y las limitaciones en transparencia y rendición de cuentas.
Según el Fosdeh, el verdadero debate no debe centrarse únicamente en si existe o no privatización, sino en quién tomará las decisiones estratégicas del sector, cómo se distribuirán los riesgos financieros y operativos, quién obtendrá los beneficios económicos y cuáles serán los mecanismos de rendición de cuentas para proteger el interés público.
Según el análisis de Fosdeh el verdadero debate debe responder:
¿Quién tomará las decisiones estratégicas?
¿Quién asumirá los riesgos financieros, operativos y tarifarios?
¿Cómo se protegerá a los hogares de menores ingresos?
¿Qué mecanismos evitaran que los beneficios sean privados y los costos recaigan sobre el Estado y la ciudadanía?
¿Qué salvaguardas protegerán los activos estratégicos y el patrimonio público?
El organismo advierte que la reforma incorpora oportunidades para fortalecer la institucionalidad, mejorar la supervisión regulatoria y transparentar la gestión financiera, pero también plantea riesgos relacionados con una posible reducción de los mecanismos de control público, presiones sobre las tarifas eléctricas y una eventual transferencia de riesgos financieros al Estado.
Entre las principales interrogantes que aún no resuelve el proyecto destacan los mecanismos para proteger a los hogares de menores ingresos ante posibles ajustes tarifarios, las salvaguardas que garantizarán el control estatal sobre funciones estratégicas y los sistemas de gobernanza y supervisión para los actores privados que puedan incorporarse al sector.
Como parte de sus conclusiones, el Fosdeh reconoce que el diagnóstico de los problemas de la ENEE es acertado y que la situación energética representa uno de los mayores desafíos de política pública del país por su impacto en las finanzas públicas, la competitividad y el bienestar de la población. Sin embargo, insiste en que cualquier transformación debe garantizar eficiencia, sostenibilidad financiera, transparencia, participación ciudadana y protección efectiva de los usuarios.
Entre las recomendaciones más relevantes, el organismo plantea establecer salvaguardas para proteger los activos estratégicos del Estado, revisar el alcance del artículo 5 del anteproyecto relacionado con el régimen jurídico de los bienes de la ENEE, fortalecer la transparencia y auditoría social, publicar los contratos y acuerdos que se suscriban y garantizar que cualquier participación privada esté sustentada en evidencia técnica que demuestre beneficios concretos para el sistema eléctrico.
Asimismo, recomienda incorporar criterios de sostenibilidad ambiental, protección de fuentes de agua, participación ciudadana efectiva y respeto a las comunidades potencialmente afectadas por proyectos energéticos, con el fin de asegurar que la modernización del sector contribuya al desarrollo sostenible del país.
El Fosdeh concluye que la reforma debe colocar en el centro la protección de los usuarios, especialmente de los hogares de menores ingresos, garantizando que la búsqueda de eficiencia económica y saneamiento financiero se traduzca en mejoras reales en la calidad del servicio, el acceso a la energía y el bienestar de la población hondureña.