Las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectaron fallas técnicas, atrasos financieros, problemas de gestión y deficiencias en la supervisión de varios proyectos carreteros estratégicos de la administración de Xiomara Castro, entre ellos los tramos Jesús de Otoro–La Esperanza, en Intibucá, y El Pataste–Dulce Nombre de Culmí, en Olancho
La construcción y rehabilitación de carreteras es uno de los programas más ambiciosos de la administración de Xiomara Castro. Sin embargo, no todos los proyectos avanzan como se planificó. Auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) han identificado fallas técnicas, atrasos significativos, problemas de gestión y deficiencias constructivas que comprometen la calidad de las obras.
Las revisiones del ente contralor se han centrado en varios proyectos estratégicos, entre ellos la rehabilitación y pavimentación de la carretera de los 15.33 kilómetros de pavimentación en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en Olancho.
Estos proyectos fueron adjudicados entre 2022 y 2023, bajo la gestión del extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio Ramos. Sin embargo, ninguno ha concluido en los plazos originalmente establecidos.
El 26 de agosto de 2025, la presidenta Xiomara Castro y el actual ministro de la SIT, Octavio Pineda, supervisaron el proyecto de pavimentación de los 15.33 kilómetros que va desde el puente El Pataste hasta el casco urbano de Dulce Nombre de Culmí, en Olancho.
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Pineda explicó que los 3.3 kilómetros restantes enfrentan dificultades técnicas, pero afirmó que el proyecto será completado pese a los obstáculos financieros y logísticos.
DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACIÓN EN OLANCHO
El TSC también revisó el proyecto de 15.33 kilómetros de pavimentación en el tramo que va desde el puente El Pataste hasta el casco urbano de Dulce Nombre de Culmí, en Olancho. La obra fue adjudicada mediante la Licitación Pública Nacional No. LPN-SIT-019-2022 a la Constructora Rosales S. de R.L., por un monto de 184.9 millones de lempiras.
La auditoría halló que el proceso no cumplió con todos los requisitos legales y administrativos de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento.
Entre las principales observaciones figura la ausencia de un documento oficial que acreditara el inicio del procedimiento de contratación. Pese a la exigencia legal, la SIT no presentó la resolución correspondiente.
Además, el Adendum No. 2, que prorrogó la recepción de ofertas, no fue publicado en diarios de circulación nacional, únicamente fue subido al portal HonduCompras, limitando la competencia de oferentes.
El TSC también detectó inconsistencias en el nombre del proyecto, que en algunos documentos aparecía como Ruta 83 y en otros como Ruta 89, lo que genera confusión administrativa.
Asimismo, las bases de licitación incluyeron un artículo legal equivocado en la cláusula sobre ajustes de costos, creando posibles ambigüedades contractuales. Tampoco se encontró documentación que acreditara la solicitud de requisitos previos a la firma del contrato, como manda la ley.
El contrato de construcción No. SIT-CO-238-2022 carecía de un respaldo de revisión legal, otro incumplimiento señalado por el ente contralor.
El TSC contextualizó que estas irregularidades ocurrieron en medio de la transición institucional, ya que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) fue creada en 2022, en sustitución de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptreavi), y asumió nuevas competencias en 2023, generando vacíos administrativos.
Finalmente, el órgano contralor ordenó a la SIT presentar un plan de acción en 15 días hábiles, con fechas específicas para corregir las observaciones. De no hacerlo, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones administrativas y legales.
El informe concluye que las observaciones no solo buscan corregir las fallas actuales, sino fortalecer la gestión de recursos públicos y evitar que proyectos estratégicos se vean comprometidos por deficiencias técnicas y administrativas.