Durante años, la red de tráfico de personas operó en silencio. Prometían rutas seguras, cobraron miles y dejaron a decenas de migrantes a la deriva. Pero esta vez, el Estado hondureño llegó primero.
Tras la audiencia inicial del caso Trama Rota Honduras, el juez dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva para los 18 acusados de integrar una red criminal dedicada al tráfico de personas y, en algunos casos, también al lavado de activos.
El Ministerio Público presentó 104 medios de prueba, incluyendo documentos, testimonios, evidencia digital y peritajes que retrataron cómo esta estructura se lucró con la desesperación humana.
Tráfico de personas tejida con engaños
La red desarticulada operó principalmente desde Choluteca, Namasigüe y El Triunfo, donde sus integrantes recibían migrantes, muchos de ellos hondureños y los movían por el país con destino a Estados Unidos.
Los pagos superaron los miles de dólares por persona. Según la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas (UTESCTP), en los últimos cuatro años esta red obtuvo más de 33 millones de lempiras.
El esquema era sofisticado: algunos miembros de la red se encargaron de captar personas vulnerables, otros coordinaban rutas, escondites y pagos; unos más blanqueaban las ganancias a través de bienes, cuentas y empresas.
Entre los aseguramientos hechos por las autoridades destacan 13 bienes inmuebles, 10 vehículos, 550 mil lempiras en efectivo, joyas, armas, motocicletas y pasajes aéreos. Todo formaba parte del engranaje criminal.